El objeto fundamental del contrato es garantizar el correcto funcionamiento de la Administración y el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de administración electrónica. En particular, las Leyes 39/2015 y 40/2015 imponen a las Administraciones Públicas la obligación de relacionarse electrónicamente con la ciudadanía, tramitar íntegramente los procedimientos administrativos por medios electrónicos, garantizar la interoperabilidad entre administraciones y asegurar la conservación, seguridad y validez jurídica de los expedientes electrónicos.