El objeto del contrato es la gestión de centros de internamiento (inmueble e instalaciones privadas), en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, donde las personas menores infractoras han de cumplir las medidas judiciales privativas de libertad que les sean impuestas por los Juzgados de Menores en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.