El objeto del contrato es la gestión de centros de internamiento (inmueble e instalaciones de la Junta de Andalucía), en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla, donde las personas menores infractoras han de cumplir las medidas judiciales privativas de libertad que les sean impuestas por los Juzgados de Menores en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.